Genocidio Entre el 15 y el 16 de diciembre murieron ahogados o tapiados más de treinta mil venezolanos. Más de treinta mil vidas perdidas en medio de un fenómeno natural que no se podía haber evitado, pero también en un desastre que sí podría haberse eludido. Desde luego, pronto surgió la acusación contra los cuarenta años de democracia y las cúpulas podridas que gobernaron durante esos cuarenta años. Y eso no es falso, pero es apenas una parte de la verdad. La verdad completa es mucho más grave. Es aterradora. En diciembre de 1951 ocurrió el mismo fenómeno, pero no el mismo desastre. No vivía un cuarto de millón de personas en esa zona. Pero hay estadísticas que demuestran que en tres años de la dictadura de los años cincuenta las viviendas precarias crecieron en un 144%, de donde se infiere que el primer culpable en el tiempo es el gobierno dictatorial de entonces. Durante el breve régimen de transición, es decir, desde la caída del dictador hasta que asumió Betancourt, el incremento de viviendas precarias fue también notable, y allí está el segundo culpable en el tiempo. Los demás sí fueron los de los cuarenta años, pero a ellos se sumó, entre febrero y diciembre del 99, el gobierno actual. De manera que si vamos a hacer una lista de los principales acusados por delitos de omisión, serían los siguientes: Germán Suárez Flamerich, Marcos Pérez Jiménez, Wolfgang Larrazábal, Edgar Sanabria, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campíns, Jaime Lusinchi, Ramón J. Velázquez y Hugo Chávez. A esa lista hay que agregar los nombres de los que fueron gobernadores del Distrito Federal, el gobernador del estado Vargas, los presidentes de Concejos y los alcaldes de la región. Resulta entonces una lista muy larga, una culpa muy repartida y demasiado difusa como para tener alguna eficiencia legal. Aparte de que los atenuantes que alegarían pueden ser bastante ciertos, aunque nos duela en el alma. Y, para colmo, cuatro de los posibles acusados están muertos (Germán Suárez Flamerich, Edgar Sanabria, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni) y otros seis, en razón de sus edades (Marcos Pérez Jiménez, Wolfgang Larrazábal, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lusinchi y Ramón J. Velázquez) no podrían ser condenados en propiedad, lo que nos deja sólo dos posibles reos: Luis Herrera Campíns y Hugo Chávez, con lo que todo juicio perdería su eficacia. Es otro de esos casos en los que mirar hacia atrás es sencillamente absurdo. Pero hay otro aspecto, el más grave, que sí debería ser objeto de un juicio penal, y quizá hasta en la Corte Internacional de La Haya, y del que deberían salir varios culpables, culpados y condenados. Y es que la muerte de esas más de treinta mil personas sí habrían podido evitarse si el gobierno de uno de los acusados, Hugo Chávez, hubiese actuado con diligencia, con conciencia, con honestidad. Al fin y el cabo en 1974, cuando era gobernador Diego Arria, se salvaron miles de vidas al obligar a los habitantes de una parte de Gramovén, de Fe y Alegría, de Carapa, de Carapita y de otras zonas marginales, a abandonar sus ranchos, casi siempre llevándose sus muebles y enseres, antes de que los barrios se derrumbaran. Hubo allí miles de damnificados, sí, pero no muertos. En cambio el gobierno de Hugo Chávez, que como está más que comprobado conocía la magnitud del problema el 15 a mediodía, gracias a un informe detallado de Defensa Civil, lejos de tomar cartas en el asunto acusó públicamente a los que sí las tomaron y salvaron vidas, como Enrique Mendoza, gobernador de Miranda, José Curiel, gobernador de Falcón, y Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas, de "gobernadores y alcaldes corruptos" que querían "sabotear el referéndum". Es decir, por un referéndum se permitió la muerte de más de treinta mil personas. Y, para colmo, el señor Chávez se fue a celebrar con una fiesta rumbosa, se dice que en una isla, ese triunfo que costó miles de vidas. Por eso no estaba cumpliendo con su deber el 16 de diciembre, con lo que se agregó un elemento más para que la muerte se llevara por delante tantas vidas. A Pinochet lo tienen detenido y la opinión pública en general lo condena por la muerte de unas diez mil personas. Y es justo que así sea. A los jefes servios se les condena por las muertes de varios miles de personas. Y también es justo. Como sería justo que al presidente de la República bolivariana de Venezuela y sus seguidores principales se les juzgara y se les condenara por genocidio. Si no la Corte de La Haya, la voluntad del pueblo de Venezuela, que debería abrir los ojos ante las dimensiones del crimen que no puede achacarse a las cúpulas podridas ni a los cuarenta años de democracia, sino a la cúpula staliniana del chavismo, que por omisión criminal, o deliberadamente para no perder votos en un referéndum, ocasionó la muerte de más de treinta mil personas. Eso es, sin duda, genocidio.
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